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La decisión se dio a conocer en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el gobernante cuando aún se lleva a cabo el censo en el país, el cual concluirá en octubre próximo su etapa de entrevistas.

Washington, 21 de julio (EFE).- El presidente Donald Trump sirvió este martes una nueva polémica al anunciar que excluirá a los inmigrantes indocumentados del conteo de cara a la distribución de los representantes por estado ante la Cámara Baja.

La decisión se dio a conocer en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el gobernante cuando aún se lleva a cabo el censo en el país, el cual concluirá en octubre próximo su etapa de entrevistas.

"A los fines de la redistribución de Representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal", reza el documento, que no precisó el mecanismo para determinar la condición migratoria de los empadronados.

Sí puntualiza el memorándum que el 11 de julio de 2019, Trump ordenó a los departamentos y agencias del Ejecutivo compartir información con el Departamento de Comercio sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos, así como de inmigrantes indocumentados.

CENSO SALPICADO POR LA POLÉMICA

Ya el año pasado, el censo había sido motivo de una disputa legal que llegó a manos del Tribunal Supremo, después de que el Gobierno de Trump intentara incluir en el cuestionario una polémica pregunta sobre la ciudadanía.

El intento, sin embargo, fue bloqueado por el Supremo, que por cinco votos a cuatro falló en contra de la pregunta, al considerar que la Administración no dio una razón adecuada para agregarla.

En Estados Unidos, el censo determina el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.

En las semanas previas a la decisión del Supremo, anunciada el 27 de junio de 2019, se conoció un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo la pregunta de la ciudadanía para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.

Según el cronograma oficial, la oficina a cargo de este proceso entregará en diciembre próximo "los conteos de la redistribución legislativa al presidente y al Congreso" y en marzo del 2021 "enviará a los estados el conteo de la redistribución legislativa", información que es usada para "redistribuir los distritos electorales de acuerdo con los cambios de la población".

¿UNA NUEVA MEDIDA ANTIINMIGRANTE?

Trump indicó en una declaración posterior al memorándum que su Administración "no apoyará darle representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de Gobierno".

Subrayó que la orden de hoy "refleja una mejor comprensión de la Constitución y es coherente con los principios" de la democracia estadounidense.

"Solía haber un momento en que se podía declarar con orgullo: 'Soy ciudadano de Estados Unidos'. Pero ahora, la izquierda radical está tratando de borrar la existencia de este concepto y ocultar el número de extranjeros ilegales en nuestro país", apuntó el presidente.

En un documento emitido también este martes por la Casa Blanca, se explica que la Constitución no define "qué personas deben incluirse a los fines de la distribución" y solo exige que los representantes sean repartidos "de acuerdo con lo que se ha entendido hace mucho tiempo como los 'habitantes' de cada estado".

Bajo este entendido, de acuerdo con la explicación de la Casa Blanca, el no excluir a los inmigrantes indocumentados "podría causar que algunos ciudadanos estadounidenses estén infrarrepresentados proporcionalmente".

Las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaban en 12 millones los inmigrantes indocumentados en el país.

¿DECISIÓN INCONSTITUCIONAL?

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, la orden del presidente va "directamente contra la Constitución estadounidense, que dice que el censo tiene que contar 'el número total de personas en cada estado'".

"Por más de cien años, el Tribunal Supremo ha declarado que la palabra “personas” en la Constitución se refiere a todos las personas, independientemente de estatus migratorio", aseguró a Efe, y consideró que sería difícil ejecutar esta decisión, ya que el censo "no tiene una pregunta sobre estatus migratorio".

A su juicio, se trata de "un intento a distraer la atención de la pandemia y dividir a la comunidad".

"Los inmigrantes que no tienen un estatus migratorio legal todavía son parte de nuestro comunidad: ellos pagan impuestos, contribuyen a la sociedad y construyen comunidades fuertes", afirmó.

Mientras que Madai Ledezma, quien hizo parte de las demandantes ante el Supremo contra la pregunta sobre ciudadanía, dijo a Efe que lo que el presidente está intentando hacer "es algo absurdo".

"Ya la Corte Suprema votó a favor de nosotros al negarle esa pregunta; entonces, yo creo que él nada más está buscando volvernos a intimidar de alguna manera al ver que la Corte no le está apoyando en ningún aspecto", sentenció esta inmigrante, que se sumará este día a una protesta convocada frente a la Casa Blanca para rechazar esa decisión.

La decisión se tomó el viernes por la noche después de que Trump criticara a los tres países por "no hacer nada" por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.

Washington, 31 mar (EFE).- El presidente Donald Trump cumplió con la amenaza que había proferido durante meses y ordenó suspender todo tipo de asistencia a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), dijo a Efe un portavoz del Departamento de Estado.
La decisión se tomó el viernes por la noche después de que Trump criticara a los tres países por "no hacer nada" por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.
El citado portavoz explicó que, por orden de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha informado de su decisión al Congreso, que tiene la última palabra en el presupuesto.
"Por instrucciones del secretario (Pompeo), estamos cumpliendo con las ordenes del presidente y acabando los programas de asistencia exterior para los países del Triángulo Norte del año fiscal 2017 y 2018. Entablaremos conversaciones con el Congreso como parte de este proceso", explicó la fuente.
El portavoz no precisó qué cantidad de fondos se verán afectados por la decisión de Trump y se limitó a decir que impactará en el dinero que el Congreso aprobó para Guatemala, Honduras y El Salvador durante el año fiscal 2017 (de octubre de 2016 hasta septiembre de 2017) y el mismo periodo de 2018.
Parte de ese dinero aún no ha sido gastado por completo en los proyectos a los que fue destinado, desde planes de cooperación policial en la lucha contra las pandillas hasta proyectos para mejorar la atención sanitaria e iniciativas para fortalecer la democracia.
En concreto, según los últimos datos del Departamento de Estado, en 2018, EE.UU. aprobó 120 millones de dólares para Guatemala, 80 millones para Honduras y 58 millones para El Salvador.
Mientras tanto, en 2017, EE.UU. destinó 140 millones a Guatemala, 95 millones a Honduras y 73 millones a El Salvador.
La capacidad del presidente para decidir sobre la ayuda exterior es limitada porque el Congreso es quien tiene la competencia sobre el presupuesto.
De hecho, el mandatario solo podrá transferir a otras carteras un 10 % del dinero que ya ha sido aprobado para estos tres países y en ningún caso podrá detener el desembolso de ayuda que ya ha sido destinada a proyectos, según el centro independiente Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).
Trump había amenazado en numerosas ocasiones con cortar la ayuda a Centroamérica, pero hasta ahora no había dado ningún paso formal para cumplir con su promesa.
El viernes, en declaraciones a la prensa, Trump amenazó con cerrar la frontera con México para detener las nuevas caravanas de migrantes que se dirigen a EE.UU. y arremetió contra los Gobiernos del Triángulo Norte por permitir la formación de esos grupos.
"La caravana se ha formado. He acabado con los pagos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Ya no hay dinero. Les estábamos dando 500 millones de dólares, les estábamos dando una ayuda tremenda. Hemos detenido los pagos a Honduras, Guatemala y El Salvador (...) Ya no les estamos pagando porque no han hecho nada por nosotros", dijo.
La decisión de Trump recibió duras críticas de legisladores demócratas del Congreso, que durante años han defendido la necesidad de destinar ayudar a esos países centroamericanos para atajar la violencia y falta de oportunidades que ha provocado una creciente migración hacia EE.UU.
Un grupo de legisladores, que se encuentra de visita en El Salvador, aseveró en un comunicado que "el enfoque del presidente es totalmente contraproductivo" y "solo hará que más niños y familias se vean obligados a emprender el peligroso viaje al norte hasta la frontera entre EE.UU. y México".
"Trabajaremos con nuestros compañeros en el Congreso para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer retroceder el enfoque equivocado del presidente en Centroamérica", afirmó el grupo de legisladores, encabezado por el demócrata Eliot Engel, presidente del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes.
Asimismo, la decisión de Trump contradice la línea que su Gobierno había emprendido hace menos de cuatro meses.
En diciembre, el Ejecutivo de Trump y el Gobierno del recién investido presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, anunciaron un plan de cooperación para el desarrollo de Centroamérica que incluía 2.000 millones de dólares de nuevos fondos por parte de EE.UU.
La nueva decisión de Trump genera incertidumbre en torno a ese plan entre México y EE.UU., que ya se habían topado con varios obstáculos para poner en marcha la iniciativa. 

El primer punto del apartado de seguridad fronteriza es "financiación y construcción completa del muro en la frontera sur", el segundo es asegurar el "retorno seguro y ágil" a sus países de los menores, en su mayoría centroamericanos, que entran solos por la frontera sur ilegalmente y el tercero es poner límites a los permisos de residencia o "green cards" para cónyuges e hijos menores de edad de aquellos que ya viven en Estados Unidos, así como crear un sistema de puntos para obtener esas tarjetas.

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente Donald Trump envió hoy al Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria, que incluye el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.
El plan de Trump, obtenido en exclusiva para un medio en español por Efe, fue enviado a última hora del domingo a los líderes demócratas y republicanos del Congreso como punto de partida para las negociaciones de una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los 800.000 jóvenes indocumentados beneficiaros del programa DACA.
Las prioridades fijadas por Trump están en línea con su política migratoria de mano dura y anticipan muchos problemas para llegar a consensos con los demócratas.
Según recoge el borrador al que tuvo acceso Efe, el Gobierno de Trump está dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr "tres objetivos": garantizar admisiones en Estados Unidos "seguras y legales", defender "la seguridad" del país y "proteger a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses".
Trump cree que "es imperativa la completa construcción del muro", comentó a Efe bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca.
Y así figura en el plan de principios de Trump, donde el primer punto del apartado de seguridad fronteriza es "financiación y construcción completa del muro en la frontera sur", una idea que rechaza totalmente la oposición demócrata.
En ese mismo capítulo la propuesta del presidente es asegurar el "retorno seguro y ágil" a sus países de los menores, en su mayoría centroamericanos, que entran por la frontera sur ilegalmente y solos.
"Entrar en este país ilegalmente es un crimen", enfatizó un funcionario durante una conferencia telefónica organizada por la Casa Blanca para comentar el plan del presidente.
En cuanto al fomento de una inmigración basada en el mérito, la propuesta de Trump contempla, sin dar cifras, poner límites a los permisos de residencia o "green cards" para cónyuges e hijos menores de edad de aquellos que ya viven en EEUU, así como crear un sistema de puntos para obtener esas tarjetas.
En agosto pasado, Trump ya respaldó un proyecto de ley de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue que pretende reducir a la mitad la entrada de inmigrantes legales a EEUU a lo largo de la próxima década a través de la reducción en la concesión de permisos de residencia.
Junto con la seguridad fronteriza y el cambio en los parámetros de aceptación de inmigrantes, el plan de Trump enfatiza la necesidad de "hacer cumplir" las leyes migratorias y de reformas para la "rápida salida" del país de los que se quedan más tiempo del permitido por su visa, y poner fin al "abuso" en el sistema de concesión de asilo.
"Ahora simplemente no tenemos las herramientas" para garantizar el cumplimiento de las leyes, según detalló el alto funcionario a Efe.
Por ello, Trump pide la contratación de 10.000 agentes y 1.000 abogados más para la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como de 300 fiscales federales y 370 jueces adicionales.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, adelantó esta semana que Trump iba a presentar en breve su plan con "principios específicos" que le "gustaría ver en una reforma migratoria responsable" redactada por el Congreso.
En la propuesta enviada hoy al Congreso no figura específicamente la búsqueda de una solución para los 800.000 jóvenes indocumentados que han evitado la deportación y obtenido permisos de trabajo gracias a DACA, un programa ejecutivo al que Trump puso fin en septiembre.
No obstante, Trump ha hablado con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para reemplazar DACA, pero hasta ahora no se ha informado de ningún avance.
En un comunicado conjunto enviado tras la divulgación del plan de Trump, Schumer y Pelosi afirman que la lista de principios del mandatario "va mucho más allá de lo que es razonable" y "no representa ningún intento de compromiso".
Los líderes demócratas aseguran estar abiertos a "medidas de seguridad fronteriza razonables" y subrayan que la construcción del muro con México quedó "explícitamente descartada de las negociaciones". 

Washington, 3 de agosto (EFE).- El presidente Donald Trump decretó este lunes la restricción del empleo de extranjeros en el Gobierno federal cuya contratación sustituya "injustamente" a trabajadores estadounidenses con "mano de obra foránea" y empleos en ultramar, anunció la Casa Blanca.

"El presidente Trump decretó la creación de una política bajo la cual las agencias federales se enfocarán en la fuerza laboral estadounidense dentro de los lucrativos contratos federales", indicó la Casa Blanca en un comunicado, en el que agregó que "es injusto que los empleadores federales sustituyan a estadounidenses perfectamente calificados con trabajadores de otros países".

La decisión de Trump siguió al anuncio de la Autoridad del Valle del Tennessee (TVA) del despido del 20 % de sus empleados en el área de tecnología, y el traslado de sus funciones a compañías que operan en otros países.

Según el Gobierno, esa medida de la agencia federal TVA podría llevar a que 200 "trabajadores estadounidenses altamente calificados pierdan sus empleos a manos de trabajadores extranjeros, con sueldos bajos, contratados con visas temporales".

La decisión costará a la economía local decenas de millones de dólares en los próximos cinco años, agregó el comunicado.

Ya antes de este anuncio Michael Pack, el nuevo director de la agencia que opera la Voz de América -la radioemisora estadounidense que se escucha en todo el mundo- cesó la renovación de visas dejando en el limbo al menos a 76 de sus periodistas que producen los programas internacionales.

El uso de contratistas externos es una práctica "especialmente dañina en medio de una pandemia que ya ha costado sus empleos a millones de estadounidenses", señaló el comunicado.

"Teniendo en cuenta el clima actual de robo generalizado de la propiedad intelectual -agregó-, la subcontratación de empleos en informática, que involucran información reservada, puede involucrar un riesgo para la seguridad nacional".

El decreto apunta, específicamente, al uso de las visas H-1B, destinadas a profesionales altamente cualificados, especialmente en el sector de la tecnología, informática, la ingeniería y la ciencia, y requiere que las agencias federales den prioridad a la contratación de ciudadanos nativos o naturalizados, o de extranjeros con residencia legal permanente, antes de entrar en contratos que dan empleos a trabajadores extranjeros.

Desde junio pasado el Gobierno dejó de tramitar visados H-1B, algo que ha sido muy criticado sobre todo entre las gigantes tecnológicos como Google, Tesla o Twitter.

Hasta ahora EE. UU tenía un cupo anual de 85.000 visas H-1B, que cada uno de los últimos cinco años el alud de peticiones lo agotaba una semana después de abrirse el período de solicitud.

Washington, 30 de mayo (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este sábado mano dura contra los manifestantes en Minneapolis (Minessota), a los que tachó de ser de "la izquierda radical", y expresó a las autoridades estatales su disposición de enviar al Ejército para aplacar los disturbios durante las protestas contra la muerte de un hombre negro a manos de la Policía.

Washington, 17 de marzo (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este martes un enorme paquete de estímulo fiscal de cerca de 1 billón de dólares, en el que se incluye el envío de "cheques" con efectivo a los ciudadanos "de manera inmediata", para contener el impacto económico del coronavirus.

"Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata (...) Los estadounidenses necesitan efectivo ahora", aseguró Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., en una rueda de prensa en la Casa Blanca, al delinear algunas de las propuestas del multimillonario plan de estímulo fiscal que presentará hoy al Congreso.

"Y (con ello) quiero decir en las próximas dos semanas", afirmó Mnuchin, aunque evitó dar una cifra concreta acerca del monto.

La propuesta ya había sido lanzada este lunes por el senador y exaspirante republicano a la Casa Blanca en 2012, Mittt Romney, quien sí que puso un número: un cheque de 1.000 dólares a cada adulto para contrarrestar los efectos de la epidemia.

Los medios estadounidenses han adelantado que el paquete fiscal podría superar el billón de dólares entre aplazamientos del pago de impuestos, asistencia a sectores especialmente afectados como las aerolíneas u hoteles, y la mencionada entrega de efectivo a los ciudadanos.

Este plan superaría al lanzado para hacer frente a la aguda crisis financiera de 2008 por la Administración del entonces presidente, Barack Obama, de 700.000 millones de dólares.

Asimismo, Mnuchin insistió en el compromiso de mantener abiertos los mercados financieros, aunque reconoció que "en algún momento quizá se tengan que reducir los horarios" de funcionamiento.

Previamente, el Tesoro y la Reserva Federal dieron a conocer nuevas medidas excepcionales para aumentar la liquidez de los mercados financieros, por valor de más de 500.000 millones de dólares, ante las tensiones generadas por la rápida expansión del coronavirus.

"Vamos ser ambiciosos y atrevidos", remarcó el propio presidente Trump en la misma conferencia de prensa.

La propuesta, no obstante, debe ser discutida y aprobada por el Congreso de EE.UU., donde la oposición demócrata controla la Cámara de Representantes y los republicanos el Senado.

El Legislativo estadounidense ya aprobó un primer paquete de respuesta de 8.300 millones de dólares, destinado a fortalecer el sistema de salud.

El pasado viernes la Cámara acordó, además, otra propuesta que otorga la baja de enfermedad pagada para los trabajadores (algo que en EEUU no está garantizado a nivel federal) y el aumento del gasto social para personas de bajos recursos, por un total estimado de 100.000 millones de dólares.

Esta propuesta, sin embargo, aún no ha sido entregada al Senado para su consideración.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, señaló hoy que la Cámara Alta se mantendrá operativa hasta que "se pasen nuevas medidas significativas y valientes".

"Más allá de las aprobadas por la Cámara, para ayudar a nuestra fuerte nación y nuestra fuerte economía capear esta tormenta. Es momento de una acción contundente y bipartidista", dijo McConnell en el pleno del Senado.

El presidente Trump reconoció este lunes que es "posible" que la economía de EE.UU. se encamine a una recesión ante la magnitud de las medidas adoptadas para frenar la expansión de la epidemia, entre las que figuran la restricción de los viajes internacionales, las cancelaciones de eventos masivos y el cierre de bares y restaurantes.

De momento, al menos 5.702 casos de COVID-19 han sido confirmados en Estados Unidos, de los cuales casi la mitad están concentrados en los estados de Washington, California y Nueva York, y hay al menos 94 muertos a causa del virus, según datos de la Universidad John Hopkins.

A nivel global, Europa es actualmente el foco de la pandemia de coronavirus, la enfermedad de la que se registran cerca de 29.000 casos en Italia, más de 9.000 en España, unos 5.400 en Francia y 4.900 en Alemania, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).