Más de 22 estados han presentado demandas contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, la cual pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
RHODE ISLAND.- El fiscal general Peter F. Neronha anunció que se unirá a otros 19 estados, en una demanda para desafiar la orden ejecutiva inconstitucional del presidente Donald Trump, la cual pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país.
Neronha expresó que en su primer día, el presidente Trump actuó para utilizar el poder ejecutivo con la finalidad enmendar la Constitución de una manera sin precedentes, pero no inesperada”.
El Fiscal General aseveró: “Con excepción de los pueblos indígenas y los descendientes de los pueblos esclavizados, Estados Unidos es una nación de descendientes de inmigrantes, muchos de los cuales arriesgaron sus vidas por la promesa de una vida mejor. La Decimocuarta Enmienda garantiza que, sin importar el país de origen de su familia, sí nació aquí, este es su hogar, este es su país”.
Apuntó que con esta orden ejecutiva, el presidente busca negar la ciudadanía a los estadounidenses que residirían legalmente aquí, pagarían impuestos, criarían a sus familias y contribuirían al extraordinario tejido del país. “Si se permite, esta orden ejecutiva tendrá ramificaciones económicas, sociales y de derechos humanos de gran alcance, cuyo alcance total no podemos saber. Ahora es el momento de unirnos como estadounidenses y proteger a nuestros conciudadanos, independientemente de nuestras diferencias y debido a nuestras diferencias. Mientras tanto, trabajaremos incansablemente para defender la ciudadanía por derecho de nacimiento, tal como lo consagra la Constitución”.
El presidente Trump emitió el lunes una orden ejecutiva cumpliendo su promesa de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que se considera una violación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos”, y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El Procurador General Neronha presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts, con el fin de invalidar la orden ejecutiva y prohibir cualquier medida adoptada para implementarla. Rhode Island y los demás estados demandantes solicitan una reparación inmediata para impedir que la orden del Presidente entre en vigor, mediante una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar.
Manifestó que esta orden resultará en recortes a programas de financiación federal, como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y programas de cuidado temporal y asistencia para la adopción. La demanda está siendo manejada en Rhode Island por la Procuradora General Katherine Connolly Sadeck, de la Oficina del Fiscal General.
A Rhode Island se suman en la presentación de la demanda California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Vermont, Wisconsin y la ciudad de San Francisco. Por su parte, Arizona, Illinois, Oregón y Washington presentaron su propia demanda ante un tribunal federal.
La orden ejecutiva de Trump
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump declara que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán considerados ciudadanos. El argumento es que como los hijos de no-ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción del país, tampoco están protegidos por la Constitución. Asimismo, la orden cuestiona que la Enmienda 14, que es considerada una de las más importantes y la que acabó con la esclavitud después de la guerra de Secesión, le otorgue la ciudadanía automáticamente a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la enmienda en cuestión.
Dicho decreto excluye de la ciudadanía automática a las personas cuyas madres no estén legalmente en Estados Unidos y los padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, así como las personas cuyas madres estén en el país legalmente pero de forma temporal y cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales. La orden prohíbe a los organismos federales reconocer la ciudadanía de las personas incluidas en esas categorías. La orden ejecutiva Entrará en vigor el 19 de febrero 2025.
