El ex jefe de Estado,  de  69 años de edad, se pegó un tiro en la cabeza cuando oficiales llegaron a su casa para apresarlo, cumpliendo una orden judicial, por las acusaciones que le vinculaban al escándalo de corrupción internacional

Lima, 17 abr (EFE).- El expresidente peruano Alan García murió durante la mañana de este miércoles en un hospital de Lima mientras era operado, luego de que se hiciera un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.
Fuentes del partido Aprista y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmaron que el dos veces gobernante peruano (1985-1990 y 2006-2011) murió en el quirófano del hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado de urgencia por agentes de la Policía que habían llegado a su casa para detenerlo.
El anuncio de la muerte fue hecha en primer lugar por el secretario personal de García, Ricardo Pinedo, a los medios que esperaban en los exteriores del hospital.
Casi de inmediato fue confirmado por el presidente Vizcarra, en su cuenta oficial en Twitter.
"Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", señaló Vizcarra.
Alan García murió a los 69 años de edad tras haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial y luego de haber sufrido tres paros cardiorrespiratorios.
El director del hospital, Enrique Gutiérrez, señaló que el exgobernante presentaba un disparo de arma de fuego en el cráneo "con orificio de entrada y salida" y que todos los médicos del Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, participaron en la operación para intentar salvarle la vida.
Alan García fue ingresado en medio de gran confusión en el hospital, a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.
Según testigos consultados por la televisión peruana, García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos y representantes del Partido Aprista Peruano (PAP).
El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieron a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.
Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.
Además, del exministro de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, quien horas después se entregó a la Justicia, y de otros cinco exfuncionarios de su segundo gobierno.
La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

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Londres, 11 abr (EFE).- Varios agentes de la policía sacaron este jueves por la fuerza y esposado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de la Embajada de Ecuador en Londres, para introducirlo a continuación en un furgón, informa la BBC.

El arresto de Assange respondió a una petición de extradición de Estados Unidos, así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad condicional en 2012, informó Scotland Yard.

Assange estaba refugiado en la sede diplomática ecuatoriana después de que el Gobierno de ese país latinoamericano decidiera retirarle el asilo político.

El informático y activista está retenido "en nombre de las autoridades de Estados Unidos" y "en virtud de la Sección 73 de la Ley de Extradición. Está en custodia policial y comparecerá ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) lo antes posible", señaló un portavoz de la Policía.

El gobierno de Ecuador anunció que suspendió la nacionalidad ecuatoriana que le fue concedida al fundador de WikiLeaks a finales de 2017, por considerar que se produjeron irregularidades en su concesión.

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"El Departamento de Estado ha reducido la validez de la visa B2 a tres meses y una sola entrada para los nacionales cubanos para igualar la validez inferior concedida por el Gobierno de Cuba a los ciudadanos de los Estados Unidos en categorías similares", indica la Embajada estadounidense en La Habana.

La Habana, 16 mar (EFE).- Estados Unidos reducirá desde el lunes 18 de marzo la validez de la visa categoría B2 que otorga a los cubanos no inmigrantes a solo tres meses y con una sola entrada en ese período, informó este viernes la Embajada del país norteamericano en La Habana.
La categoría de visa B2, que permite realizar visitas familiares, de turismo, para tratamiento médico y propósitos de viaje similares, hasta el momento eran otorgadas por cinco años y permitían a los cubanos múltiples entradas a Estados Unidos.
"El Departamento de Estado ha reducido la validez de la visa B2 a tres meses y una sola entrada para los nacionales cubanos para igualar la validez inferior concedida por el Gobierno de Cuba a los ciudadanos de los Estados Unidos en categorías similares", indica una nota de prensa publicada en la web de la Embajada de EE.UU. en La Habana.
Además aclara que "ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación" y que las visas B2 de cinco años de múltiples entradas -otorgadas con anterioridad- "permanecen válidas hasta su fecha de vencimiento".
Asimismo, señala que la ley de inmigración del país norteamericano establece que las tarifas de las visas y los períodos de validez de estas "sean recíprocos, siempre que sea factible, con el tratamiento ofrecido a los ciudadanos de los EE.UU.".
"Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estancia de dos meses, prorrogables por otros 30 días para un total de tres meses, por una tarifa de 50 dólares", subraya el comunicado.
Recuerda que antes de la nueva disposición anunciada este viernes, el Gobierno de Washington concedía a los solicitantes cubanos de visa B2 un visado de múltiples entradas con 60 meses de validez por 160 dólares.
Cuba y EE.UU. anunciaron el restablecimiento de sus relaciones el 17 de diciembre de 2014, con Barack Obama en la Casa Blanca y Raúl Castro en la Presidencia de la isla, y lo materializaron con la mutua reapertura de Embajadas en 2015, la reanudación de los vuelos comerciales directos y la firma de acuerdos en áreas como seguridad, migración, educación, salud y cultura.
Pero la llegada de Donald Trump a la Presidencia en 2017 frenó la normalización de las relaciones bilaterales y ha revertido parcialmente la política de deshielo iniciada por su antecesor mediante la restricción de los viajes de estadounidenses a Cuba y la imposición de obstáculos a los negocios con la isla.
A ello se ha sumado el asunto de los misteriosos incidentes de salud reportados por Washington que han afectado a 26 funcionarios estadounidenses de la misión diplomática de EE.UU. en Cuba entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, que han sido investigados pero aún no se ha podido determinar su causa.
Esta situación ha provocado tensiones y un deterioro en la frágil y tensa relación entre los Gobiernos de los dos países vecinos.
A ello, la Administración de Trump reaccionó con la retirada de la mayoría del personal de su legación en La Habana y ha acusado a Cuba de no haber protegido a su personal adecuadamente, mientras que el Ejecutivo del país caribeño ha negado tajantemente cualquier relación con lo sucedido.

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Seúl, 15 mar (EFE).- Corea del Sur ha prohibido volar en su espacio aéreo al 737 Max 8 de Boeing durante los tres próximos meses debido a las dudas sobre la seguridad que plantea este modelo tras el grave accidente en Etiopía del pasado domingo.
El Ministerio de Territorio, Transporte e Infraestructura surcoreano remitió el jueves un aviso a navegantes (NOTAM) para informar a pilotos y aerolíneas de que prohíbe los vuelos del controvertido modelo en espacio aéreo surcoreano durante los próximos 90 días y hasta "nuevo aviso de las autoridades", según informa hoy la agencia Yonhap.
La decisión del Gobierno de Seúl llega dos días después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenara la suspensión de todos los vuelos de este modelo en el espacio aéreo del país, siguiendo la decisión de medio centenar de países, entre ellos todos los pertenecientes a la Unión Europea y Canadá.
Estas decisiones se han tomado después de que un 737 Max 8 operado por Ethiopian Airlines se estrellara, accidente en el que murieron sus 157 ocupantes, poco después de despegar de la capital etíope, Adis Abeba, el pasado domingo.
A esto se suma el accidente, en aparentes circunstancias similares relacionadas con los sistemas automáticos del aparato, que sufrió otro 737 Max 8 en Indonesia en octubre del año pasado y en el que tampoco hubo supervivientes.
El pasado martes, la compañía de bajo coste Eastar Jet, la única surcoreana que por el momento posee este modelo, anunció que suspendía los vuelos de sus dos unidades del Max 8 hasta nuevo aviso. 
A su vez, las otras tres compañías del país asiático que tienen pedidos del controvertido modelo en curso, Korean Air, Jeju Air y T'way, han asegurado que no operarán estos aparatos hasta que quede probado que son seguros.

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Toronto, Canadá, 31 mar (EFE).- La revelación de un audio de una explosiva conversación entre otros documentos sobre un supuesto caso de interferencia política agravó este viernes la crisis del Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
La grabación y los documentos fueron entregados por la hasta hace poco ministra de Justicia de Trudeau, Jody Wilson-Raybould, al Comité de Justicia del Parlamento que está investigando las acusaciones de que el primer ministro intentó interferir políticamente en un caso criminal.
Durante casi 18 minutos, Wilson-Raybould, entonces ministra de Justicia y fiscal general del Estado, discute con el poderoso secretario del Consejo Privado Real de Canadá, Michael Wernick, sobre el caso de la constructora SNC-Lavalin.
La empresa, la mayor constructora del país y que está acusada de corrupción, pretende que la Fiscalía le ofrezca un acuerdo de enjuiciamiento diferido que le permita evitar una condena que prohibiría su participación en contratos públicos federales en Canadá durante 10 años.
Pero la directora de enjuiciamientos de la Fiscalía, Kathleen Roussel, se negó a ofrecer el acuerdo a SNC-Lavalin por lo que Trudeau y otros ministros del Gobierno solicitaron a Wilson-Raybould que, como fiscal general del Estado, presionara para modificar la decisión.
Wernick, director del Consejo Privado Real de Canadá, es un funcionario público independiente que asesora al primer ministro en temas de seguridad nacional y facilita el enlace entre el primer ministro y el Gabinete.
En diciembre del año pasado, Wernick telefoneó a Wilson-Raybould para transmitir el interés de Trudeau para que SNC-Lavalin consiguiera el acuerdo de enjuiciamiento diferido.
Una y otra vez, Wernick intentó convencer a Wilson-Raybould que cambiara la decisión de Roussel. Y una y otra vez, la entonces ministra señaló que no era posible porque es una oficina independiente que no puede ser influenciada políticamente.
"Bueno, bien, voy a tener que informarle antes de que se vaya. Está bastante convencida sobre esto así que estoy un poco preocupado", le dice Wernick a Wilson-Raybould en la grabación.
Cuando la exministra pregunta porqué está preocupado, Wernick responde: "Bueno, no es una buena idea que el primer ministro y su fiscal general estén en desacuerdo".
Wilson-Raybould insiste: "Estoy intentando proteger al primer ministro de interferencia política o la percepción de interferencia política o lo que sea".
En otro momento de la conversación, Wernick afirma que Trudeau quiere el acuerdo "de una forma u otra" y que para él "es realmente importante" porque la condena criminal de SNC-Lavalin podría suponer la pérdida de empleos.
Por su parte, Wilson-Raybould expresa su "incomodidad" con la conversación y añade que esta y otras mantenidas con Trudeau y sus asesores "son totalmente inapropiadas. Es interferencia política".
La grabación y los documentos presentados este viernes por Wilson-Raybould ahondan la creciente crisis política en la que está inmerso Trudeau desde que en enero pasado apareció el primer artículo de prensa sugiriendo la intervención del primer ministro para favorecer a SNC-Lavalin.
Desde entonces han dimitido dos ministras, incluida Wilson-Raybould, en protesta por las acciones de Trudeau y su entorno, además del principal asesor del primer ministro, Gerald Butt, y el propio Wernick.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha expresado su "preocupación" por las acusaciones de interferencia.
Y ha recordado a Trudeau que Canadá firmó en 1999 la Convención Antisoborno de la OCDE, lo que compromete al país norteamericano a cumplir el tratado "que requiere la independencia de enjuiciamiento en casos de soborno en el extranjero".
Mientras, en Canadá, el principal partido de la oposición, el Partido Conservador (PC), ha solicitado la dimisión de Trudeau.
El escándalo amenaza la victoria de los liberales y la reelección de Trudeau en las próximas elecciones, previstas para octubre de este año.
La última encuesta, dada a conocer el jueves por la firma Ipsos para la cadena de televisión Global News, constató que la popularidad de Trudeau se ha desplomado en las últimas semanas y los conservadores están por delante con un 40 % de la intención de votos frente al 30 % de los liberales.

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"La seguridad de nuestros empleados y clientes es siempre nuestra prioridad principal y American no operará en países que no considere seguros", señaló la empresa en un comunicado.

Washington, 15 mar (EFE).- La compañía aérea estadounidense American Airlines anunció este viernes la "suspensión temporal" de sus vuelos a Venezuela alegando "motivos de seguridad", una decisión que se produce un día después de que Washington informara de que todos sus diplomáticos habían abandonado el país caribeño.
"American ha suspendido temporalmente sus operaciones en Caracas y Maracaibo (...). La seguridad de nuestros empleados y clientes es siempre nuestra prioridad principal y American no operará en países que no considere seguros", señaló la empresa en un comunicado.
Unas horas antes el sindicato de pilotos de la compañía aérea había recomendado a sus afiliados no viajar a Venezuela debido a la decisión del Gobierno estadounidense.
American Airlines era la única gran aerolínea estadounidense que mantenía sus vuelos a Venezuela desde Miami, después de que United y Delta suspendiesen el servicio en 2017.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció este miércoles que "todos" sus diplomáticos habían salido de Venezuela y que Washington restablecerá su presencia diplomática "una vez que la transición a la democracia haya comenzado".
Pompeo indicó que esos diplomáticos seguirán trabajando por Venezuela desde "otras ubicaciones", que no especificó, donde ayudarán a "gestionar el flujo de asistencia humanitaria a la población venezolana y respaldando a los actores democráticos que, valerosamente, resisten a la tiranía".
El jefe de la diplomacia estadounidense aseveró que el Gobierno de Washington, "en todos los niveles", mantiene "firme su determinación y su apoyo" al pueblo de Venezuela y al líder opositor Juan Guaidó, que se declaró presidente interino el 23 de enero y que ha logrado el reconocimiento de 54 países, incluido EE.UU.
Washington ha aplicado numerosas rondas de sanciones económicas contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

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Las primeras 10 ciudades que figuran en la lista de las más violentas, según un estudio, son Tijuana, Acapulco, Caracas, Ciudad Victoria (México), Ciudad Juárez (México), Irapuato (México), Guayana (Venezuela), Natal (Brasil), Fortaleza (Brasil) y Ciudad Bolívar (Venezuela).

México, 12 mar (EFE).- Tijuana, en el norte de México, fue la ciudad más violenta del mundo en 2018, seguida de la también mexicana Acapulco y de Caracas (Venezuela), según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México divulgado este martes.
La ONG, que divulgó hoy su listado tomando en cuenta 50 ciudades de más de 300.000 habitantes, señala que México sustituyó a Brasil como el país con el mayor número de urbes más violentas.
Las primeras 10 ciudades que figuran en la lista son Tijuana, Acapulco, Caracas, Ciudad Victoria (México), Ciudad Juárez (México), Irapuato (México), Guayana (Venezuela), Natal (Brasil), Fortaleza (Brasil) y Ciudad Bolívar (Venezuela).
De acuerdo con el reporte, Tijuana, en la frontera con EE.UU., registró una tasa de homicidios de 138,26 por cada 100.000 habitantes. Por segundo año consecutivo una ciudad mexicana encabeza la lista de las urbes más violentas.
En total son 15 ciudades del país las que están dentro del listado, desplazando a Brasil, que durante varios años presentaba el mayor número de ciudades violentas.
En el 2017, la ciudad más violenta del mundo también fue mexicana, el puerto de Acapulco, en el Pacífico, que ahora se ubica segunda.
De las 5 ciudades que encabezan la lista, 4 son mexicanas: Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria y Ciudad Juárez, esta última también ubicada en la frontera con Estados Unidos.
La ONG atribuye el problema en México a las disputas que libran en el país los integrantes del crimen organizado, lo que se cristaliza en una violencia en las calles.
Mencionó que las ciudades de La Paz y Los Cabos, que en 2017 ingresaron en los primeros lugares debido al crimen organizado, en 2018 ya no figuran en lo alto de la lista debido a que un grupo criminal se impuso a sus rivales.
Dentro de las 50 ciudades más violentas, 42 están ubicadas en América Latina, donde se percibieron mejoras en Colombia, donde cada vez es menor la violencia urbana y este año forman parte del listado Cali y Palmira. No obstante, señaló la ONG, la violencia persiste en zonas rurales.
En el caso de Venezuela, cuya capital está en tercer lugar de la lista, la organización destacó una dificultad cada vez mayor para reconocer la magnitud de la violencia.
"Desde años anteriores, pero sobre todo en 2018 nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos", expone.
El informe concluye que la violencia se da más en países en los cuales el Estado no actúa contra quienes violan la ley.
A esto agregaron la crítica hacia políticas como "la legalización de las drogas, los subsidios tendentes a eliminar la pobreza", así como las treguas o amnistías pactadas con los responsables de la violencia.

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