Acontecer Latino

Laurent no es el primer niño en completar una hazaña así: en 1994, el estadounidense Michael Kearney se graduó con 10 años en la Universidad de Alabama del Sur, donde estudió Antropología y fue distinguido con el "World Guinness Record" al graduado universitario más joven, un reconocimiento que todavía ostenta.

Eindhoven, Holanda ,26 nov (EFE).- Laurent Simons, un niño belga de tan solo 9 años, se convertirá el próximo diciembre en la persona más joven en obtener un grado universitario, concretamente una ingeniería eléctrica, un programa académico de 3 años que él ha conseguido completar en 9 meses.

Laurent no es el primer niño en completar una hazaña así: en 1994, el estadounidense Michael Kearney se graduó con 10 años en la Universidad de Alabama del Sur, donde estudió Antropología y fue distinguido con el "World Guinness Record" al graduado universitario más joven, un reconocimiento que todavía ostenta.

"Empecé la escuela primaria con 4 años, pasé a la secundaria con 6 y entré en la universidad el pasado marzo, con 9 años", relató Laurent a Efe durante una entrevista en la Universidad Técnica de Eindhoven (Holanda), donde recibe clases particulares.

El "pequeño Einstein" no sigue un plan de estudios común, explicó a Efe su madre, Lydia Simons, quien aclara que "él va a su ritmo".

"Los lunes me presentan los cursos que daré esa semana, los martes tengo prácticas, los miércoles es mi día de estudio, los jueves tengo tutoría con los profesores y los viernes hago exámenes", explicó Laurent, quien, según su madre, "si no quiere hacer un examen en el día previsto, puede posponerlo".

El objetivo de este niño, cuyo coeficiente intelectual se cifró en el valor máximo de 145 puntos, es "conseguir extender la vida" a través de la creación de "órganos artificiales", una actividad que, según Laurent, "podría llegar a conseguir la vida eterna".

Por el momento, Laurent se encuentra trabajando en su proyecto de final de grado: un chip electrónico conectado al cerebro.

Pese a su brillante currículum académico y sus aspiraciones profesionales, Laurent, que se ha convertido en toda una estrella mediática en Bélgica y Holanda y cuenta con más de 43.000 seguidores en Instagram, sigue siendo un niño a quien le da vergüenza hablar delante de la cámara y es difícil arrancarle más de dos palabras seguidas.

"Me gusta jugar con mis amigos, jugar a videojuegos, estar con mi perro y ver Netflix", explica el pequeño, que todavía mantiene su círculo de amigos de la escuela primaria, aunque, según especifica, con ellos no habla sobre la universidad.

Fue precisamente en el colegio cuando sus maestros se dieron cuenta de que aprendía las cosas "muy rápido" y estudiar para él era "muy fácil", en palabras del chiquillo.

"No me aburría en clase porque me enseñaban las cosas que hacían los chicos más mayores", confiesa Laurent, a quien con 6 años sus primeros profesores le dijeron que no podían enseñarle "nada más", reveló su madre.

Los abuelos del pequeño fueron los primeros en darse cuenta de que Laurent "era especial", explica Lydia Simons, que por motivos de trabajo dejó a sus padres al cuidado de su hijo durante su primera infancia, que la pasó en Ostende (Bélgica).

"Al principio no les hicimos mucho caso porque para los abuelos sus nietos siempre son especiales", bromeó la madre de Laurent, que más tarde se dio cuenta de que su hijo "no conectaba con el sistema escolar".

"Yo no me siento especial por estar en la universidad", asegura por su parte Laurent, a quien, no obstante, le gusta sentirse "un poco famoso" cuando la gente le reconoce por la universidad y le pide fotos, según cuenta.

En opinión de la madre, la acelerada vida académica de su hijo y la presión mediática a la que éste se ha visto expuesto durante el último mes "no le roba su infancia" ya que "su vida universitaria y su vida personal están muy separadas".

"Él juega al 'Minecraft' en la consola, ve series de Netflix y juega con pistolas de agua", sostiene Lydia Simons, quien cree que Laurent "hace las mismas cosas que cualquier niño de 9 años", con la diferencia de que él "sabe más".

Los Simons opinan que no hubiera sido posible obviar la inteligencia de su hijo y que, por el contrario, "es importante darle a Laurent la oportunidad de continuar desarrollándose académicamente".

"Ha sido difícil, porque es algo que nunca antes has experimentado y que nadie ha vivido", confiesa la madre, que considera esencial "escuchar" a su hijo para "saber que está pensando, por lo que está pasando y qué quiere hacer después".

Al finalizar su ingeniería, Laurent quiere estudiar un doctorado y formarse en medicina, aunque por ahora sus padres todavía negocian con él la hora a la que debe apagar Netflix e irse a la cama.

La renuncia se produce después de que los altos mandos militares instaran al presidente a abandonar el cargo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó que renuncia a la presidencia, después de casi 14 años en el poder. Junto con Morales ha renunciado también su vicepresidente, Alvaro García Linera.

De acuerdo con la agencia de noticias internacional EFE, Morales y Linera aparecieron juntos por sorpresa este domingo en un video, en el que también hacen un llamado a la pacificación del país. Las Fuerzas Armadas de Bolivia y la Policía Boliviana pidieron este domingo al presidente Evo Morales que renuncie a su cargo para pacificar al país, sumido en una crisis política y social desde las elecciones generales del pasado 20 de octubre.

El comandante en jefe de la institución castrense, Williams Kaliman, y el comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, leyeron por separado sendos comunicados, sugiriendo el primero y pidiendo el segundo la renuncia de Morales.

Kaliman leyó un comunicado en las oficinas del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas en la zona sur de La Paz en el que la institución se pronunció "ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución".

"Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia", indica la nota.

Los militares también pidieron "al pueblo boliviano y sectores movilizados deponer las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias".

En un video difundido por la Policía Boliviana, Calderón también leyó un comunicado en el que expresó que la institución se suma "al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación".

El jefe policial dio este mensaje "al pueblo de Bolivia" y a sus "camaradas que están movilizados" desde el sábado en la unidad antimotines cerca de la plaza Murillo, sede de los palacios de Gobierno y Legislativo.

Horas antes de pronunciarse en este sentido, los militares anunciaron operaciones aéreas y terrestres contra grupos armados, tras producirse varios ataques a caravanas de autobuses con detractores del presidente Morales.

Por su parte, el comandante de la Policía anunció que acompañarán las acciones de la Fiscalía General del Estado en el anunciado procesamiento de los miembros del Tribunal Supremo Electoral por "presuntos hechos irregulares" en las elecciones.

El Ministerio Público advirtió en un comunicado de que las irregularidades "muy graves" detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la auditoría al proceso electoral boliviano pueden conllevar "ilícitos penales y electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales".

La OEA emitió a primera hora del día un informe que advierte de serias de irregularidades en el cómputo de resultados de los comicios, tras los que el órgano electoral dio vencedor a Morales para un cuarto mandato consecutivo.

El presidente comunicó posteriormente, aunque sin citar el reporte del organismo internacional, que habrá nuevas elecciones en aras de "pacificar" el país, inmerso en una grave crisis desde que al día después de la votación comenzaran las sospechas de fraude.

Al menos tres personas han fallecido y 421 han resultado heridas desde entonces en enfrentamientos ente partidarios y detractores del mandatario, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Luego de que el jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York resolviera el viernes, después de un juicio que comenzó el pasado día 2, que "Tony" Hernández es culpable por cuatro delitos ligados al narcotráfico, las principales fuerzas de oposición se hicieron sentir con protestas, de las que al menos una terminó en violencia.

Tegucigalpa, 19 de octubre (EFE).- La condena en Estados Unidos por narcotráfico contra el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha agudizado la crisis política y social que vive el país desde 2009.

Luego de que el jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York resolviera el viernes, después de un juicio que comenzó el pasado día 2, que "Tony" Hernández es culpable por cuatro delitos ligados al narcotráfico, las principales fuerzas de oposición se hicieron sentir con protestas, de las que al menos una terminó en violencia.

La protesta promovida por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 con un golpe de Estado, fue disuelta con bombas de gas lacrimógeno cerca de la antigua Casa Presidencial.

La manifestación se desarrollaba pacíficamente, incluso hubo varios discursos, entre ellos el de Hortensia, hija del exgobernante; su esposa, Xiomara Castro, y del propio Manuel Zelaya, entre otros participantes en la protesta.

Pero luego, entre los manifestantes, que habían quemado neumáticos, algunos comenzaron a lanzar piedras a las fuerzas del orden, que respondieron con un descomunal lanzamiento de gas.

También hubo protestas exigiendo la salida de Hernández del poder en varias ciudades que se extendieron hasta horas de la noche.

La oposición política hondureña, que es capaz de crear crisis a cada rato, pero no de resolverlas, de nuevo ha vuelto a pedir la salida de la presidencia de Juan Orlando Hernández, a quien tildan de "narco-usurpador" y acusan de haberse reelegido mediante un "fraude" en las elecciones generales de 2017.

Zelaya, quien desde a finales de 2017, luego del "fraude" que asegura hizo Hernández en 2017, ha venido haciendo llamamientos a la insurrección popular, lo que de nuevo pidió el viernes de "manera organizada y permanente" hasta sacar al gobernante del poder.

"Llamamos a toda nuestra militancia a nivel nacional a movilización total, organizada y permanente, con acciones de protestas pacíficas, pero firmes y contundentes", dijo Zelaya, en cuyo Gobierno, como en otros, el narcotráfico también operó con libertad en Honduras.

La situación de Honduras preocupa porque a raíz de la crisis por el golpe de Estado a Zelaya, su sociedad se dividió y su clase política, desde entonces, no ha sido capaz de resolver la situación.

La crisis iniciada en 2009 ha tenido repercusiones en lo político, social y económico, y se agudizó con el "fraude" que la oposición alega hizo Juan Orlando Hernández para continuar en el poder, pese a que la Constitución de la República no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

El país, con 9,3 millones de habitantes, sigue sufriendo de la violencia criminal que deja entre 10 y 14 muertos diarios, la pobreza que afecta al más del 60 % de su población, una corrupción galopante y un Parlamento que no contribuye a resolver la crisis, sino que le crea más problemas a los hondureños, según diversos sectores.

Actualmente, sectores sociales, entre ellos los obispos de la Conferencia Episcopal, demandan que no entre en vigor en noviembre, como está previsto, el nuevo Código Penal que fue aprobado en mayo, por considerar que está favoreciendo la corrupción e impunidad, flagelos que le han hecho mucho daño al país a lo largo de su historia y han salpicado a los tres poderes del Estado.

Además, esta semana el Parlamento, en el que tiene mayoría (61 de sus 128 diputados) el gobernante Partido Nacional, aprobó a matacaballo una Ley de Fondos Departamentales y de inmunidad parlamentaria, que también cuestionan la oposición y otros sectores.

La crisis ha tenido en octubre un nuevo elemento para agudizarla, el juicio y condena en EE.UU. del exdiputado "Tony" Hernández, que ha salpicado a su hermano Juan Orlando, quien según narcotraficantes que atestiguaron en Nueva York, recibió dinero de Joaquín "el Chapo" Guzmán para financiar sus dos campañas presidenciales.

El presidente ha rechazado todas las acusaciones y reiterado que no son creíbles declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos, a quienes se les incautaron bienes que amasaron con el tráfico de drogas en el país y negociaron con autoridades de EE.UU. para que les reduzcan sus penas, y en venganza lo han acusado a él.

El juicio contra "Tony" Hernández también salpicó al expresidente Porfirio Lobo, quien además tiene a un hijo preso y condenado a 24 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico.

La Conferencia Episcopal dijo esta semana en un comunicado que la lacra del narcotráfico es una realidad sostenida por hombres "sin escrúpulos" que ha permeado las instituciones del país y deteriorado la imagen de la nación.

Los obispos señalaron además que nada de lo realizado por grupos del narcotráfico en Honduras podría "haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que por la razón de su ser estaban llamados a defender la vida y a proporcionar seguridad a todos".

"Debemos admitir que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo", subrayó la Conferencia Episcopal.

Honduras también sufre la falta de verdaderos líderes en sus instituciones políticas, tanto, que ninguno de las principales fuerzas de oposición le genera confianza a un pueblo ansioso de paz, trabajo, seguridad, justicia y una verdadera democracia que no se resuma en asistir a las urnas cada cuatro años a votar.

Roma,  (EFE).- Venecia (norte de Italia) se prepara para la llegada este domingo de una nueva marea alta, que previsiblemente la inundará de nuevo mañana, aunque no alcanzará los niveles destructivos de la del martes, que no tenía precedentes desde hacía más de medio siglo.

El alcalde veneciano, Luigi Brugnaro, informó de que durante la mañana del domingo se espera un nuevo "agua alta" que alcanzará un pico máximo de 160 centímetros, pero aseguró que no tendrá el efecto dañino de la del pasado martes, de 187 centímetros de altura.

"Hemos activado el dispositivo de seguridad y hemos desplegado a todos los agentes disponibles. El pico será alto pero es difícil que cree tantos daños como el martes", refirió el regidor en una rueda de prensa, aunque reconoció que será otra "jornada dura".

El jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, explicó que aún se están contabilizando los daños de la catástrofe, estimados por el ayuntamiento en 1.000 millones de euros, y avanzó que se recurrirá a la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE).

La petición al fondo también servirá para paliar los estragos del temporal que ha azotado diversos puntos del norte del país.

El alcalde añadió que cuentan con el apoyo de el Banco Europeo de Inversiones, que también Rusia ha tendido la mano y que han recibido donaciones de ciudadanos de todo el mundo: "Defender Venecia no es solo defender el arte, sino nuestra civilización", apuntó.

Por otro lado, las inundaciones de los últimos días hicieron que la mitad de las 120 iglesias venecianas acabaran bajo el agua, muchas de ellas decoradas con mosaicos y pavimentos "muy delicados", indico la superintendente para el patrimonio, Emanuela Carpani.

La llegada del agua del mar Adriático hizo que la sal se infiltrara en la piedra y esto podría provocar que su "rápida disgregación". Para evitar este fenómeno urge una primera limpieza y desalinización que costará unos 60.000 euros por templo, informó.

Otro tema que preocupa a los expertos es la situación de los campanarios de Venecia, muchos de ellos visiblemente inclinados, pues la ciudad se asienta sobre palos en el agua.

Carpani subrayó que se está verificando su situación y que la Protección Civil les ofrecerá gratuitamente datos de satélite.

Borrelli firmó una ordenanza para afrontar la primera fase de la catástrofe y gestionar los 20 millones de euros que el Gobierno ha desembolsado, con ayudas de 5.000 euros para cada vecino damnificado y de 20.000 para comerciantes, y se esperan ventajas fiscales.

El alcalde por su parte volvió a exigir que se completen cuanto antes los tres diques que deberían aislar Venecia del mar en caso de mareas altas, que se espera terminar para 2021, y pidió que se implique al ayuntamiento en la realización de la infraestructura.

Además propuso que la ciudad de los canales acoja una agencia internacional en la que científicos de todo el mundo experimenten y estudien los efectos del cambio climático y de la contaminación.

Este sábado fue una jornada de tregua: Los turistas volvieron a pasear por sus calles y por la plaza de San Marcos, clausurada ayer, y los negocios reabrieron sus puertas, aunque algunos siguen aún con la persiana bajada reparando los desperfectos causados por el agua.

Por la plaza de San Marcos pasaron la presidenta del Senado de Italia, Elisabetta Alberta Casellati, y la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, así como miembros de la Selección de fútbol como el portero Gianluigi Donnaruma.

Sin embargo la situación podría cambiar el domingo: el centro de previsiones de Venecia espera que el nivel del mar se eleve en 160 centímetros, un pico que se alcanzará en torno a las 12.30 locales (11.30 GMT), y a partir de ese momento las aguas empezarán a bajar.

La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Santiago de Chile, 20 de ocubret (EFE).- El Gobierno chileno decretó el estado de emergencia para controlar los sectores de Santiago que este viernes fueron escenario de violentas protestas, lo que supone confiar a un mando militar la seguridad de la zona e implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por un plazo 15 días.

La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Mientras los efectivos policiales del cuerpo de Carabineros trabajaban para tratar de aplacar los disturbios y los bomberos apagaban las llamas que prendían en diversas estaciones de metro, autobuses urbanos, barricadas callejeras e incluso en la sede de la eléctrica Enel, el Gobierno analizaba las posibles medidas a tomar.

Así, el presidente del país, Sebastián Piñera, tras una larga reunión en La Moneda (sede del Gobierno) con los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y de Defensa, Alberto Espina, decretó el estado de emergencia y nombró al general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional en las zonas de la Región Metropolitana (RM) más afectadas por los desórdenes.

En concreto, el decreto rige para la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana-, la provincia Chacabuco y las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la RM.

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana, he decretado estado de emergencia. El objetivo es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos", señaló el presidente por medio de una cadena nacional.

Con esta medida, que en caso de ser necesario puede ser prorrogada por otros 15 días si el Congreso Nacional lo autoriza, Iturriaga asumió el mando de las fuerzas policiales en esos sectores y quedó autorizado para desplegar a los militares, algo que ya ordenó.

He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad", dijo Ituarriaga en rueda de prensa.

"Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos", agregó.

Aunque recomendó a los ciudadanos que regresaran a sus casas, el general de división descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda.

Desde el pasado lunes, cientos de personas, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, llevan a cabo medidas de protesta por el alza de 30 pesos en el precio de los billetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.

Acudían en masa a las estaciones de metro colándose sin pagar, causando destrozos y enfrentándose a la Policía, disturbios que fueron en aumento hasta motivar que el Metro de Santiago, que transportan diariamente casi 3 millones de personas, cerrase este viernes todas las estaciones, lo que produjo el colapso del tránsito de vehículos y peatones, que se quedaron sin locomoción.

En paralelo, grupos violentos radicales tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros y la quema y destrozo de varias estaciones de metro y de mobiliario urbano.

Según los primeros informes, 19 estaciones de metro y 16 autobuses urbanos fueron dañados y 180 personas fueron detenidas.

El Metro de Santiago es una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno.

El precio lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transportes.

La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo del Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes

México, 19 de octubre (EFE).- Las autoridades mexicanas acumulan un historial de errores y ridículos con el clan de Joaquín "el Chapo" Guzmán por el caos generado este jueves con el arresto y posterior liberación de uno de los hijos del narcotraficante.

La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo del Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes.

"Más que en ridículo, (el Gobierno) queda en una evidente situación de debilidad por su notable improvisación", dijo este sábado a Efe el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva.

La relación entre lo ocurrido el jueves y las dos fugas de sendas prisiones mexicanas de alta seguridad del Chapo reflejan la continuidad de fallas y corrupción durante décadas en las fuerzas de seguridad, sin importar el gobernante.

Errores que ahora continúan bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a su promesa de transformar la nación.

"No hay falta de Estado ni ausencia del Gobierno federal", aseguró, no obstante, este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, en una incómoda rueda de prensa del Gabinete de Seguridad tras el "fallido" operativo.

LAS FUGAS DE PELÍCULA DEL CHAPO

El Gobierno mexicano se marcó un tanto con el arresto y posterior extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en un penal de máxima seguridad de ese país.

No obstante, durante lustros fue la prueba de las fallas en seguridad del país. Y sobre todo de la relación existente entre el narcotráfico y unas autoridades fácilmente sobornables.

El Chapo fundó el Cártel de Sinaloa y en 1991 fue detenido, pero sobornó al jefe de Policía de Ciudad de México con 100.000 dólares para escapar.

Arrestado en 1993 en Guatemala y extraditado a México, fue procesado por narcotráfico y encarcelado.

Pero en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, protagonizó su primera gran fuga en el 2001.

Tan de película como cómica, pues se fugó escondido en un carrito de lavandería con la ayuda de una decena de funcionarios corruptos, según la versión más extendida.

Desde entonces se convirtió en uno de los principales fugitivos de la Justicia de México y Estados Unidos, hasta que en 2014 fue capturado en la ciudad de Mazatlán, en su natal Sinaloa.

Apenas año y medio después, logró su segunda y más espectacular fuga. Gracias a varios secuaces y con la supuesta ayuda de funcionarios de prisiones, huyó por un túnel de 1.500 metros desde una casa cercana hasta la ducha de su celda.

Fue detenido seis meses después, aunque la confianza de la ciudadanía hacia el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018), quedó severamente dañada.

Y LA HISTORIA SE REPITE

Aunque sin tanto poder ni proyección, algunos de los hijos del Chapo también han logrado evadir la Justicia en varias ocasiones.

Ovidio era uno de los hermanos de más bajo perfil pero aún así logró que sus secuaces protagonizaran este jueves un pulso de fuerza contra una treintena de agentes de seguridad del que terminaron vencedores.

Pese a estar rodeado por un operativo de 30 agentes se desató tal caos en Culiacán que para preservar "vidas" -en palabras del mismísimo presidente- se decidió dejarlo en libertad.

El error de cálculo de las fuerzas de seguridad, tildado de "precipitado" por el titular del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, expuso una aparente falta de profesionalidad o disciplina.

Otro hijo del Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es considerado por el FBI como uno de los criminales más buscados. En 2012, las autoridades anunciaron su arresto y que le habían hallado armas, dinero e identificaciones falsas.

Pronto se descubrió, ante el escarnio general, que hubo una confusión y el apresado no era hijo del líder del Cártel de Sinaloa.

Iván Archivaldo Guzmán, uno de los cabecillas del cártel, estuvo detenido en el 2005 por el delito de lavado de dinero y tres años después fue dejado en libertad cuando un juez desestimó las acusaciones.

EN MEDIO, UN GRAN VACÍO INFORMATIVO

El suceso en Culiacán pone además en duda la estrategia de comunicación del Gobierno de México.

Durante horas, y mientras en la red se propagaban rumores y abundaban estremecedores videos de los ataques, la Administración federal -y también la estatal y la municipal- guardó silencio.

"Debe haber una reforma estructural en la comunicación, es importante cuidar el tipo de mensajes. (...) La desinformación o ausencia de información maximiza la distorsión y la manipulación política", dijo a Efe Pedro Isnardo De la Cruz, especialista en seguridad de la UNAM.

No fue hasta unas cinco horas después que se lanzó un corto mensaje de video de Durazo junto con altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En lugar de calmar las aguas, no hizo más que sembrar dudas.

Si bien decía que se había localizado a Ovidio Guzmán -dando a entender que lo capturaron- posteriormente hablaba de una "suspensión de acciones".

Esta ambigüedad tuvo un efecto negativo. Y el enfado y la incomprensión se hizo sentir en las redes y en los medios.

Un día después se aclaró lo ocurrido con una versión oficial que reconoció que hubo 8 muertos, 16 heridos y 49 reos fugados de una prisión local que aprovecharon el caos de la ciudad para provocar un motín y huir.