Acontecer Latino

Los fiscales y las víctimas formaron la coalición para denunciar que el gobernador expidió "una orden ilegal y en blanco al establecer una moratoria de la pena de muerte", según explicó el fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer.

Los Ángeles, 12 abr (EFE).- Una coalición de fiscales californianos y familiares de víctimas de criminales sentenciados a la pena de muerte de Estados Unidos manifestaron su rechazo a la reciente suspensión de las ejecuciones firmada por el gobernador estatal, Gavin Newsom.
Los fiscales y las víctimas formaron la coalición para denunciar que el gobernador expidió "una orden ilegal y en blanco al establecer una moratoria de la pena de muerte", según explicó el fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer.
"El gobernador Newsom tomó un cuchillo y lo enterró en el corazón de todas estas víctimas de crímenes y de los miles de víctimas de personas que recibieron la pena de muerte en California por un jurado", criticó Spitzer en una rueda de prensa realizada en Sacramento, capital del estado.
Los fiscales argumentaron que la pena de muerte fue respaldada por la mayoría de votantes de este estado en los plebiscito de 2012 y 2016, en éste último año además se aprobó una proposición para agilizar el proceso de ejecuciones.
Spitzer señaló que llevará videos de los familiares de las víctimas a una reunión programada este jueves con el gobernador y que también solicitará a Newsom que "se reúna inmediatamente con las víctimas" de los condenados a pena de muerte.
Junto al fiscal del Condado de Orange estuvieron presentes los fiscales de los condados de El Dorado, Vern Pierson; de Riverside, Mike Hestrin; de Sacramento, Anne Marie Schubert; de San Luis Obispo, Dan Dow; y de Ventura, Greg Totten.
Participaron además familiares de víctimas, entre ellos Steve Herr y su esposa Raquel, quienes presentaron una foto de su hijo Sam Herr, el cual fue asesinado con premeditación por su vecino de apartamento Daniel Wozniak en el sureste de Los Ángeles, en mayo de 2010.
El pasado mes de marzo, el demócrata Newsom anunció una moratoria de las ejecuciones en California, estado en el que no se ha aplicado la pena capital desde 2006 debido a una querella legal en torno a los protocolos para la utilización de la inyección letal.
El gobernador californiano aseguró que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de raza negra y a aquellos que no pueden pagar "una representación legal costosa".
Actualmente hay 737 reos en el corredor de la muerte en este estado, donde desde 1978 han sido sentenciados a la pena capital más de 900 personas pero solo 13 han sido ejecutadas. Desde ese año además han muerto 79 de estos condenados por causas naturales y 26 más por suicidio.
Además de anunciar la suspensión de las ejecuciones, Newsom, que tomó posesión como gobernador de California en enero pasado, anunció el cierre de la prisión estatal de San Quintín, localizada en el condado de Marín, en el norte de California.

Washington, 7 nov (EFE).- El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, anunció su dimisión a petición del presidente del país, Donald Trump, tras más de año y medio de tensiones por su decisión de apartarse de la investigación de la trama rusa.
"¡Agradecemos al fiscal general Jeff Sessions su servicio y le deseamos el bien! Un sustituto permanente será nominado en una fecha posterior", dijo en Twitter el mandatario, quien confirmó que aceptaba la renuncia.
Trump informó que el sustituto de forma interina al mando del Departamento de Justicia será el hasta ahora jefe de gabinete de Sessions, Matthew Whitaker.
El fiscal general comunicó la dimisión en una carta remitida al mandatario y hecha pública el miércoles, en la que no se precisa la fecha.
"A su petición, le envío mi renuncia", asegura Sessions en la misiva firmada por él, en la que no hizo ninguna crítica al presidente y se limitó a agradecer el trabajo realizado al personal del departamento que dirigía.
Sessions ha aplicado con éxito desde su llegada al Gobierno la agenda ultraconservadora fijada por Trump, centrada en proteger las religiones ante casos de discriminación sexual, atacar los mecanismos de discriminación positiva hacia minorías e implementar políticas para combatir la inmigración irregular en el país.
La situación entre Trump y Sessions llevaba siendo tensa con altibajos desde hace más de un año y medio, como consecuencia de la decisión del fiscal general de inhibirse de la investigación de la trama rusa por sus contactos con Moscú.
Este paso precedió al nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para que investigara de forma independiente la supuesta coordinación entre la campaña del presidente y el Kremlin en los comicios de 2016, en unas pesquisas que Trump ha calificado de "caza de brujas".
El mandatario nunca aceptó el paso dado por Sessions, que llevó a que el "número dos" del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, tomara las riendas sobre la investigación de la trama rusa y nombrara a Mueller.
Ahora, Whitaker se hará cargo de supervisar las pesquisas del fiscal especial, corroboró hoy a Efe un portavoz del Departamento de Justicia.
"El fiscal general en funciones está al cargo de todos los asuntos que conciernen al Departamento de Justicia", dijo el funcionario, que pidió el anonimato.
En septiembre de 2017, Whitaker escribió una columna de opinión para la cadena CNN en la que advirtió que Mueller estaba "peligrosamente cerca de cruzar" una "línea roja", en referencia a su indagación sobre los posibles lazos financieros de Trump con Rusia.
Whitaker fue en el pasado fiscal federal para el Distrito Sur de Iowa y en 2014 se presentó a las primarias del Partido Republicano para ser senador por este estado, aunque no tuvo éxito.
Ahora, Mueller rendirá cuentas ante Whitaker, que en última instancia sería el encargado de despedirle y que deberá decidir si un potencial informe sobre la investigación de la trama rusa tiene implicaciones suficientes para hacerlo público y llevarlo al Congreso o, por contra, enterrarlo.
Por el momento, se desconoce el tiempo que el fiscal general interino estará al frente. A la hora de consolidar uno permanente, Trump deberá lograr que el Senado lo confirme, algo que parece factible tras los resultados de los comicios de ayer que reforzaron la mayoría republicana en esta cámara.
Tras la salida de Sessions habrá que prestar atención a los términos en los que esta se dio, ya que si se demostrase una motivación explícita para torpedear una investigación federal, Trump podría incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia, cargo por el que Mueller ya investiga al mandatario.
Mueller fue nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido fulminante en mayo de 2017 del director del FBI James Comey, quien después aseguró que el mandatario, antes de destituirle, le reclamó lealtad y pidió que "dejara pasar" las pesquisas sobre los vínculos con Rusia de su exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.
La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no tardó en responder a la salida de Sessions y la llegada de Whitaker a la dirección.
"Matthew Whitaker debería apartarse de cualquier participación en la investigación de Mueller", aseguró en su cuenta de Twitter Pelosi, quien apuntó que es imposible no leer el movimiento como un intento de acabar con estas pesquisas. 

El director del USCIS es la última víctima de la purga de los últimos meses dentro del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria, y que llevó a la renuncia de su titular, Kirstjen Nielsen, a quien Trump reclamó mayor dureza a la hora de combatir la inmigración irregular.

Washington,  (EFE).- El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), Lee Francis Cissna, ha presentado su renuncia y dejará el puesto este 1 de junio, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha endurecido su política migratoria, informó este martes a Efe un portavoz de esa agencia.
La fuente indicó que Cissna ya ha presentado su renuncia y el 1 de junio abandonará USCIS, que con 240.000 empleados se dedica a regular el sistema de migración legal a Estados Unidos mediante la concesión de visados, asilo y también de la ciudadanía estadounidense.
Esa fuente rechazó confirmar si el sucesor de Cissna podría ser el ultraconservador Ken Cuccinelli, fiscal general del estado de Virginia entre 2010 y 2014 y que se ha enfrentado al aparato del Partido Republicano.
El viernes, el diario The Washington Post señaló que Trump sopesaba designar a Cuccinelli como director de USCIS.
Concretamente, en 2014, Cuccinelli alentó una ola de candidatos conservadores en las primarias republicanas para desafiar el poder del aparato, lo que le ha costeado la enemistad del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, y de otros legisladores.
Ante la posibilidad de que Cuccinelli se convierta en jefe de USCIS, el sindicato mayoritario de trabajadores de la agencia ha arremetido contra Trump y le ha acusado de querer "destruir" la agencia.
Cissna no ha explicado por qué ha decidido renunciar al cargo y, en una carta dirigida a sus empleados y a la que accedió Efe, se limitó a felicitarles por haber establecido "con cuidado" las bases para "reformas legales muy necesarias que vendrán en un futuro próximo".
El director del USCIS es la última víctima de la purga de los últimos meses dentro del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria, y que llevó a la renuncia de su titular, Kirstjen Nielsen, a quien Trump reclamó mayor dureza a la hora de combatir la inmigración irregular.
A mediados de este mes, Trump presentó un plan de reforma del sistema legal de inmigración en el que lleva meses trabajando su yerno, Jared Kushner.
El plan busca cambiar el actual sistema migratorio, basado en la reagrupación familiar, para basarlo en el mérito y admitir en EE.UU. a más trabajadores cualificados y menos familias.
La propuesta mantendría intacto el número de permisos de residencia permanente que EE.UU. concede al año, pero cambiaría el perfil de los destinatarios del 1,1 millón de "tarjetas verdes".

Los Ángeles, 20 de marzo (EFE).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) relajaron los requisitos de distanciamiento social obligatorio entre alumnos en las aulas, siempre que lleven las mascarillas puestas.

A partir de ahora la distancia obligatoria entre los estudiantes se reduce a la mitad, de casi dos metros a un metro (6 pies a 3 pies).

"Quiero enfatizar que estas recomendaciones son específicas para estudiantes en las aulas con el uso universal de mascarilla. Continuamos recomendando al menos seis pies de distancia entre maestros y personal, y otros adultos en los edificios escolares", destacó la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre la covid-19.

Además, Walensky detalló que el espacio de casi dos metros (6 pies) deberá mantenerse entre profesores o personal y estudiantes, así como en áreas comunes, como auditorios, y "cuando los alumnos no lleven las mascarillas puestas, como en la hora de comer".

También serán excepción las zonas de EE.UU. en las que se esté experimentando un ritmo alto de contagios, ya que se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,8 metros (6 pies).

En sus declaraciones a la prensa, Walensky dijo que el plan compartido este viernes también incluye una inversión de 10.000 millones de dólares "para respaldar el diagnóstico y la detección de la covid-19, pruebas para maestros, personal y estudiantes", una medida que fue anunciada el miércoles.

Este cambio en las directrices, según las autoridades sanitarias, fue impulsado por nuevas investigaciones científicas, como un estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases el pasado 10 de marzo, que concluyó que no hay "diferencias significantes" entre ambas opciones, después de analizar escuelas en el estado de Massachusetts donde los distritos tenían la opción de alejar a los estudiantes a una distancia de 6 o 3 pies.

De acuerdo a los medios locales, la modificación de los CDC será "trascendental" en muchos lugares del país, porque la distancia de casi dos metros entre alumnos requería que las escuelas operasen en horarios híbridos o de media jornada para reducir el número de estudiantes en las aulas.

Los CDC recomendaron la reapertura de los colegios con el uso obligatorio de mascarillas el pasado 12 de febrero, con lo que 55 millones de estudiantes de las escuelas públicas de EE.UU. regresaron a clase con niveles de máxima seguridad.

McAlleenan, que antes de asumir este cargo había ejercido como jefe de la Patrulla Fronteriza, ha sido el cuarto ministro de Seguridad Nacional de Trump en menos de tres años en la Casa Blanca.

Washington, 11 de octubre (EFE).- El presidente Donald Trump anunció este viernes la salida de su secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien ha liderado la política migratoria y fronteriza del Gobierno en los últimos meses.

"Kevin McAleenan ha hecho un trabajo excepcional como secretario interino de Seguridad Nacional. Hemos trabajado bien juntos rebajando los cruces fronterizos. Ahora, después de muchos años en el Gobierno, Kevin quiere pasar más tiempo con su familia e ir al sector privado", anunció Trump en Twitter.

"¡Felicitaciones por el trabajo bien hecho, Kevin! Anunciaré al nuevo secretario interino la próxima semana. ¡Muchos candidatos maravillosos!", añadió el mandatario.

McAlleenan, que antes de asumir este cargo había ejercido como jefe de la Patrulla Fronteriza, ha sido el cuarto ministro de Seguridad Nacional de Trump en menos de tres años en la Casa Blanca.

El hasta ahora secretario en funciones relevó en el cargo hace exactamente seis meses a Kirstjen Nielsen, a quien Trump despidió descontento con los escasos resultados que su estrategia en la frontera estaba teniendo para frenar la inmigración.

Antes que ella, ejercieron como secretarios de Seguridad Nacional el general retirado John F. Kelly y la funcionaria Elaine Duke.

McAlleenan llegó a la jefatura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el punto álgido del flujo de inmigrantes centroamericanos solicitantes de asilo.

Aunque mayo fue el mes de mayor flujo migratorio desde 2006, con la detención de más de 132.000 personas que cruzaron sin permiso la frontera, la cifra se ha ido reduciendo mes a mes.

Bajo su dirección, Estados Unidos ha firmado acuerdos migratorios con México, Guatemala, El Salvador y Honduras que, en la práctica, han limitado el derecho al asilo para los centroamericanos, la que ha sido una de las obsesiones de Trump desde su llegada a la Casa Blanca.

En un comunicado, McAlleenan dijo que el DHS ha logrado "en los últimos seis meses un tremendo progreso mitigando la crisis fronteriza y humanitaria del último año".

"Reduciendo los cruces ilegales, asociándonos con gobiernos de la región para combatir a los traficantes de personas y abordar las causas de la migración, y desplegando recursos adicionales de seguridad fronteriza", detalló.

La propuesta, esta vez promovida públicamente por la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, y que contaba con 227 copatrocinadores en la Cámara Baja y 40 en el Senado, fue aprobada con una votación 232-180.

Washington, 26 de junio (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló este viernes una propuesta para convertir el Distrito de Columbia, donde está la capital del país, en el estado 51, una votación histórica a la que la Casa Blanca y la mayoría republicana en el Senado han anticipado su oposición.

La propuesta, esta vez promovida públicamente por la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, y que contaba con 227 copatrocinadores en la Cámara Baja y 40 en el Senado, fue aprobada con una votación 232-180.

Para convertirse en ley, deberá ser aprobada también por el Senado, dominado por los republicanos, y ser firmada por el presidente Donald Trump.

El Distrito de Columbia, que con sus 700.000 habitantes supera en población a los estados de Vermont o Wyoming, no tiene derecho a voto en el Congreso, cuyos integrantes deciden sobre las leyes y el destino de los impuestos de la ciudad.

Washington DC tiene una delegada ante la Cámara Baja, la demócrata Eleanor Holmes Norton. Los representantes del distrito son elegidos para un período de dos años.

Si esta propuesta llega a ser ley, Washington contaría con un delegado pleno en la Cámara de Representantes y dos senadores, una posibilidad que podría equilibrar las fuerzas en el Congreso dada la tendencia demócrata del electorado capitalino.

Tras conocer la decisión en la Cámara Baja, Bowser, una de las alcaldesas negras que ha respaldado las protestas a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis y quien desafió la orden de Trump de desplegar la Guardia Nacional en la capital estadounidense, expresó su satisfacción.

"Hoy, con esta votación histórica, DC está más cerca de lo que alguna vez hemos estado de convertirnos en el estado 51", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter e indicó que "ya es hora de arreglar esta injusticia".

La alcaldesa apuntó que "privar de sus derechos a más de 700.000 estadounidenses que pagan impuestos está mal".

"Nací sin representación, pero lo juro, no moriré sin representación. Juntos lograremos la condición de estado de DC y, cuando lo hagamos, recordaremos este día y recordaremos a todos los que estuvieron con nosotros en el lado correcto de la historia", señaló.

Bowser agradeció a Eleanor Holmes Norton, que fue la encargada de solicitar la admisión de la iniciativa y su consideración inmediata por parte de la Cámara Baja

Holmes Norton destacó, también en Twitter, que la decisión de la Cámara de Representantes marca "la primera vez desde la creación del Distrito de Columbia, hace 219 años, que cualquiera de las dos Cámaras del Congreso aprueba un proyecto de ley para otorgar la condición de estado a los residentes de DC y, con ello, la igualdad de ciudadanía".

También la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, mostró su respaldo a la propuesta, al lucir en la máscara que llevaba a raíz de la pandemia, el número 51 en alusión al estado, destacaron medios locales.

Organizaciones civiles celebraron igualmente la decisión, que llega en momentos en que los reclamos a favor de los derechos civiles en Estados Unidos ha cobrado un nuevo impulso.

"Hasta que los residentes de DC voten en el Congreso, los esfuerzos del movimiento por los derechos civiles, para garantizar a las personas el derecho a votar, que se cuente y que realmente cuente para algo, permanecerán incompletos", señaló en un comunicado la presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, Vanita Gupta.