La expresidenta del Concejo municipal de la Gran Manzana y primera latina en ese puesto, Melissa Mark Viverito, y los concejales Ydanis Rodríguez y Rafael Espinal -todos demócratas- aspiran a hacer historia como el primer hispano en convertirse en defensor del ciudadano, en unos comicios no partidistas por ser una elección especial.

Nueva York, 17 (EFE).- Los neoyorquinos acudirán a las urnas el próximo 26 de febrero para elegir a su "defensor del pueblo", el segundo cargo más importante en la ciudad y que sustituye al alcalde en caso de ausencia o incapacidad, al que optan por primera vez tres latinos, una líder puertorriqueña y dos ediles dominicanos.
En todo caso, el candidato que cuenta con el mayor número de apoyo de políticos y sindicatos es el concejal Jumaane Williams, que en las pasadas elecciones aspiró a vicegobernador de Nueva York. 
La expresidenta del Concejo municipal de la Gran Manzana y primera latina en ese puesto, Melissa Mark Viverito, y los concejales Ydanis Rodríguez y Rafael Espinal -todos demócratas- aspiran a hacer historia como el primer hispano en convertirse en defensor del ciudadano, en unos comicios no partidistas por ser una elección especial.
Cumpliendo con la ley electoral, cada candidato en elecciones especiales debe crear una suerte de partido sólo para dichos comicios, que se realizan por primera vez de forma exclusiva, sin coincidir con otras elecciones, debido a que la anterior defensora del pueblo dejó el cargo al ser elegida en noviembre para la Fiscalía del estado.
Se da la circunstancia, además, de que hay una propuesta de un concejal demócrata que pide eliminar la institución del defensor del pueblo por su coste (3 millones de dólares anuales), algo a lo que se opone el alcalde Bill de Blasio, quien ocupó ese cargo antes de llegar al Ayuntamiento.
Los neoyorquinos tendrán que elegir entre 17 candidatos -asambleístas, concejales, abogados, una periodista y activistas, entre ellos sólo dos republicanos- que buscan sustituir a Letitia James, electa el pasado noviembre como fiscal general del estado, y cumplir con lo que le restaba de su término, hasta finales de este año.
Es la primera vez, desde que esta oficina se creó en 1993, que hay una votación especial para llenar la vacante fuera de la elección para elegir al alcalde y otros puestos municipales, que será el próximo noviembre.
Los problemas que afronta el metro de Nueva York, que parecen no tener solución por las continuas averías, los olvidados proyectos de vivienda pública, viviendas asequibles, los derechos reproductivos o el carné de conducir para indocumentados son temas en la agenda de los candidatos latinos.
La puertorriqueña Mark Viverito, que aspira bajo el partido "Fix The MTA" (reparen la MTA), es la candidata más veterana en el campo político y la primera en cumplir con las firmas de votantes que exige la ley para respaldar su candidatura, lo que le aseguró el primer lugar en la papeleta electoral.
Activista y organizadora sindical, llegó en 2006 al Concejo, del que fue su presidenta del 2014 al 2017 y no tuvo reparos en luchar por propuestas con las que al principio no estaba de acuerdo el alcalde Bill de Blasio, como el cierre de la cárcel Rikers, una de las más peligrosas del país.
"Nuestra fuerza reside en nuestras voces. Por mucho que nuestros gobernantes intenten silenciarnos, debemos seguir alzando la voz y exigiendo que nuestra ciudad sea más justa y equitativa", dijo al presentar su candidatura.
El concejal Ydanis Rodríguez, puesto que ocupa desde el 2009, nació en la República Dominicana, emigró a Nueva York a los 18 años y aspira al cargo bajo "Unite Immigrants" (Una a los inmigrantes).
Para Rodríguez, que trabajó como taxista mientras se preparaba para ser maestro, la educación y servicios a la comunidad inmigrante son prioritarios en su agenda como defensor del pueblo, que vigila que las agencias cumplan con su responsabilidad con los neoyorquinos, investiga querellas y puede presentar o ser coautor de propuestas de ley.
Hijo de inmigrantes dominicanos, el concejal neoyorquino Rafael Espinal es otro latino en la papeleta electoral del 26 de febrero bajo "Livable City" (Ciudad habitable), y asegura que luchará para que Nueva York sea precisamente una ciudad mejor para todos.
"Cada vez resulta más difícil vivir en nuestra ciudad y para muchos de nosotros es sencillamente imposible", y eso incluye un sistema de transporte que apenas cumple con sus funciones, una vivienda pública que se desmorona y apartamentos inasequibles, ha señalado el candidato, que incluye entre su prioridades crear una Nueva York más verde.

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El posicionamiento de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), supone un duro golpe a los intereses de Trump, que había recurrido la orden de la corte menor y que ha llevado el caso hasta el Tribunal Supremo en dos ocasiones.

 

Washington, 8 nov (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones dio hoy la espalda al Gobierno del presidente Donald Trump, al mantener en vigor el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados.
El posicionamiento de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), supone un duro golpe a los intereses de Trump, que había recurrido la orden de la corte menor y que ha llevado el caso hasta el Tribunal Supremo en dos ocasiones.
DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, pero en septiembre de 2017 Trump acabó con el programa cuando aún amparaba a 690.000 personas.
En enero de 2018, un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al Gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa hasta que se resolviera el caso.
El Ejecutivo apeló entonces ante el Tribunal Supremo para que se pronunciara al respecto, pero este consideró en febrero que esa decisión debía recaer en la corte de apelaciones, que lo haría de forma rápida.
El pasado 17 de octubre, el Gobierno amenazó a la corte de apelaciones de California con volver a recurrir al Supremo si no emitía un fallo el pasado 31 de octubre, algo que no sucedió.
Entonces, el pasado lunes, el Ejecutivo volvió a llevar el caso al Supremo al considerar que el tribunal de apelaciones tardaba en emitir una decisión que finalmente se produjo hoy.
El caso de California no es el único que ha generado descontento en la Administración, ya que son en total tres los casos en los que jueces han tomado esta decisión de mantener DACA y que el Gobierno ha recurrido ante el Supremo: uno en California, otro en Nueva York y otro en Washington.
Ahora, habrá que esperar para ver si el Ejecutivo eleva de nuevo el caso al máximo tribunal.

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Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó zanjar este lunes cualquier polémica sobre una "reapertura" del país al indicar que esta será una decisión suya y no de los gobernadores, mientras EE.UU. sigue encabezando las estadísticas mundiales de contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2 y fallecidos por la enfermedad que éste produce: COVID-19.

Estados Unidos, con 558.999 casos confirmados y 22.154 muertes, es el epicentro de la pandemia, que suma a nivel mundial 1.897.373 enfermos y 118.304 decesos, según los registros de la Universidad Johns Hopkins.

"Con el propósito de crear conflictos y confusión, algunos medios de noticias falsas están diciendo que es decisión de los gobernadores abrir los estados y no del presidente de EE.UU. y del Gobierno federal", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"Que se entienda completamente que esto es incorrecto -sentenció-. Es la decisión del presidente y por muchas buenas razones".

Pese a estas palabras, el gobernante matizó su mensaje y destacó que su Administración está trabajando "estrechamente" con los gobernadores, situación que -anticipó- "continuará".

"Una decisión mía, en conjunto con los gobernadores y el aporte de otros, se tomará en breve", remató sin mayores detalles.

LOS DEMÓCRATAS DE LA COSTA ESTE SE UNEN

Las palabras de Trump coincidieron con la iniciativa de varios gobernadores demócratas que, sin esperar directrices del Gobierno federal, se han unido este lunes para elaborar planes conjuntos que les permitan retomar la actividad económica con el menor riesgo para la salud y de contagios.

En la costa este, Nueva York y otros cinco estados anunciaron que elaborarán un plan conjunto para retomar la vida social y reactivar la economía de manera segura, gradual y coordinada para evitar un repunte de infecciones por el coronavirus.

Se trata de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Delaware, Rhode Island y Nueva York, seis estados que, como subrayaron sus gobernadores en una rueda de prensa telemática, son vecinos y se encuentran estrechamente conectados.

En este sentido, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, hizo mención al "corredor" de transporte que conecta especialmente Nueva York, Nueva Jersey y su región, y explicó que los principales focos de expansión del virus están vinculados con las vías de comunicación que unen los tres estados.

En "el corredor formado por la carretera Interestatal 95 y el tren (Metro North) tenemos cientos de miles de personas que continuamente vienen y van entre Nueva York y Connecticut. Es un corredor de comunicación pero también es el corredor de la COVID-19 y es por eso por lo que es tan importante que trabajemos juntos en esto", dijo.

"Al virus no le importan las fronteras estatales y a nosotros tampoco", declaró por su parte la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, que, como el resto de responsables políticos, todos ellos del Partido Demócrata, alabaron el "liderazgo" de su homólogo de Nueva York, Andrew Cuomo, por consolidar esta iniciativa.

Y LOS DE LA COSTA OESTE TAMBIÉN

Mientras en la costa oeste de EE.UU., los gobernadores de California, Oregón y Washington informaron de un acuerdo similar para trabajar de forma compartida la estrategia de lucha contra el nuevo coronavirus causante de la COVID-19 y buscar fórmulas para reabrir la economía de la región, indicó la oficina del responsable californiano, Gavin Newsom.

Los tres estados se comprometieron en actuar en "estrecha coordinación y colaboración" para garantizar que el virus no se "propague de manera salvaje" en la zona y tener enfoque compartido para reabrir sus economías.

"Necesitamos ver una disminución en la tasa de propagación del virus antes de la reapertura a gran escala, y trabajaremos en coordinación para identificar las mejores métricas para guiar esto", explicaron.

Trump había vaticinado a finales de marzo que el país podría volver a la normalidad el 12 de abril, fecha que coincidió este año con el Domingo de Pascua, pero tuvo que posponer esta decisión y prorrogar hasta el 30 de este mes las medidas para combatir el coronavirus, ante su propagación y la opinión contraria de los expertos.

UNA ECONOMÍA HERIDA POR EL CORONAVIRUS

Con buena parte del país confinado, la economía estadounidense -cuyas buenas cifras eran exhibidas por Trump como el principal logro de su Administración- ha sufrido un gran impacto por esta crisis sanitaria.

En apenas 21 días, casi 17 millones de trabajadores se han quedado sin su puesto de trabajo. De cifras de cercanas al pleno empleo, la tasa de desocupación en EE.UU. escaló a 4,4 % en marzo, la mayor desde 2017 en el país.

La economía estadounidense perdió igualmente en marzo pasado un total de 701.000 puestos de trabajo.

Y mientras Trump, que en noviembre se jugará su reelección, cuenta los días para retomar la normalidad, el mensaje de las autoridades sanitarias es de un "cauto optimismo", dijo el domingo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), Anthony Fauci.

En una entrevista este domingo, Fauci estimó que la cuarentena podría levantarse parcialmente "quizá el próximo mes", sin comprometerse con una fecha exacta.

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El mandatario apoyó la medida de los agentes de lanzar bombas lacrimógenas contra la caravana de migrantes, al considerar que estaban enfrentando una "avalancha" y quiso dejar claro que su decisión responde a una idea básica: "Nadie entra al país a menos que lo hagan legalmente".

San Diego, (EFE).- El presidente Donald Trump amenazó con el cierre "permanente" de la frontera de México y defendió el uso de gas lacrimógeno este domingo cuando cientos de inmigrantes pretendían entrar a la fuerza al país tras abrir una brecha en la barda fronteriza en San Diego (California).
En el enfrentamiento se registraron varios heridos y se detuvo a 69 inmigrantes en las inmediaciones de la garita internacional de San Ysidro (California), luego de que se un nutrido grupo de manifestantes lograsen abrir una plancha metálica de la valla e ingresasen a EE.UU. aunque posteriormente fueron detenidos.
Estos sucesos llevaron al presidente Trump a arremeter en Twitter contra la caravana de inmigrantes, entre los que, dijo, hay "criminales", y pidió a México que los deporte a sus países de origen.
Ya en declaraciones a la prensa, el mandatario apoyó la medida de los agentes al considerar que estaban enfrentando una "avalancha" y quiso dejar claro que su decisión responde a una idea básica: "Nadie entra al país a menos que lo hagan legalmente".
Sin embargo, el jefe de sector de Patrulla Fronteriza en San Diego (California), Rodney Scott, dijo hoy a la cadena CNN que "numerosas personas" habrían entrado a Estados Unidos a través de secciones en que no se ha podido reforzar el muro con Tijuana (México).
El Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, explicó que el uso de gas pimienta fue necesario para prevenir que "una situación peligrosa se tornara aún peor".
McAleenan indicó que la medida, que incluyó el uso de bolas de goma, estuvo justificada ante la embestida de casi "mil personas" que formaban parte de la caravana de migrantes que llegó en los últimos días a la frontera entre Tijuana (México) y San Diego para solicitar asilo.
En estos disturbios, detalló McAleenan, cuatro oficiales fueron agredidos con piedras y otros proyectiles, aunque no sufrieron heridas dado que portaban equipo antimotines.
La situación en la frontera californiana es tal que el Departamento de Defensa (DOD) anunció hoy que, tras analizar la situación con CBP, desplazó en los últimos días a California a 300 soldados que estaban desplegados en Texas y Arizona.
Estos soldados, que incluyen policía militar y unidades de logística y de ingenieros, refuerzan el Operativo Línea Segura bajo el cual el Gobierno desplegó cerca de 5.600 soldados a lo largo de la línea divisoria con México, incluyendo 1.800 en California.
Con todo, tras el enfrentamiento de la víspera, el cruce regresó hoy a la normalidad y no se registraron demoras más allá de las habituales en el cruce fronterizo y sin que se pudiese ver ningún operativo especial en sus alrededores.
Sin embargo, las malas noticias le llegaron a la Administración Trump en forma de numerosas críticas contra el accionar de los agentes federales al utilizar estos métodos contra un grupo de personas entre las que también se encontraban menores de edad.
"En ninguna circunstancia CBP debería usar gas lacrimógeno en contra de niños. Esta demostración de violencia es indignante e inhumana", señaló Lorella Praeli, subdirectora política para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
"Estos no son los valores de nuestra nación. Debemos rechazar las mentiras del presidente en su intento de criminalizar y deshumanizar a las familias que buscan asilo", agregó.
El congresista Joaquín Castro, quien forma parte del Comité de Asuntos Exteriores para el Congreso, calificó la decisión de utilizar gas lacrimógeno como "cruel, innecesaria e inconsistente con quienes somos y quienes aspiramos a ser como nación".
El demócrata instó al Gobierno a trabajar para estabilizar el Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), de donde proceden la mayoría de los integrantes de las caravanas de migrantes y atender así la raíz del problema.
"El cerrar nuestras fronteras y rociar gas a poblaciones vulnerables no es la respuesta, y podemos y debemos actuar mejor como nación", agregó Castro sobre lo sucedido el domingo, que incluyó el cierre durante cinco horas este domingo del paso fronterizo de San Ysidro, considerado el más transitado del mundo.

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Washington, 3 de octubre (EFE).- El equipo médico que atiende al presidente Donald Trump en un hospital militar aseguró este sábado que el mandatario evoluciona "muy bien", mientras que una fuente cercana manifestó que el viernes hubo gran preocupación sobre su estado y las próximas 48 horas serán "críticas" para conocer el impacto del COVID-19 en su salud.

El doctor personal del presidente, Sean Conley, dijo hoy en rueda de prensa que el mandatario amaneció esta mañana con signos positivos en su recuperación, al no registrar fiebre, no requerir oxígeno y mostrarse activo y optimista desde la suite presidencial del hospital militar Walter Reed, a las afueras de Washington, donde fue trasladado ayer por la tarde.

Conley intentó presentar un panorama optimista y no quiso entrar en detalles sobre las razones que condujeron a la decisión de ingresar a Trump el viernes, menos de 24 horas después de que se hiciera público que había dado positivo por el COVID-19.

Según reveló a los periodistas acreditados ante la Casa Blanca una fuente familiarizada con la salud del presidente, sus "signos vitales en las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en lo que se refiere a su cuidado".

En opinión de esta fuente, el mandatario no está aún "en un camino claro hacia la recuperación", unas cautelas que también mostraron miembros del equipo médico del Walter Reed hoy en su rueda de prensa.

"Hemos comenzado las terapias avanzadas más temprano de lo que sucede en un paciente normal, pero por el momento es difícil decir en qué punto se encuentra (el presidente). Evaluamos la situación a diario: ¿Necesita estar aquí, qué necesita y hacia dónde va?", señaló Conley, quien recordó que Trump tiene factores de riesgo, como su edad (74 años) y un ligero sobrepeso.

Los médicos detallaron que vigilan muy de cerca las constantes cardíacas y de los riñones de Trump y que por el momento ambos órganos funcionan con normalidad.

Trump está recibiendo un tratamiento de cinco días con el antiviral Redemsivir de Gilead Sciences y el viernes le fue suministrado el cóctel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

Según Conley, el mandatario está de buen humor e incluso ha dicho que se siente capaz de abandonar el hospital hoy mismo, pero los doctores mantendrán su observación hasta asegurarse que no hay incógnitas sobre su evolución y se determine que puede recibir el cuidado y vigilancia que requiere desde la Casa Blanca.

CONFUSIÓN SOBRE LOS DETALLES

Conley dijo que Trump sólo presentaba tos y fatiga esta mañana del sábado, no necesitaba oxígeno suplementario y seguía trabajando con su jefe de gabinete, Mark Meadows.

No obstante, ante las preguntas de si Trump tuvo que recibir oxígeno ayer, Conley se limitó a decir que no lo ha necesitado hoy ni desde que llegó al hospital.

Según el diario The New York Times, el viernes, Trump comenzó a experimentar dificultades respiratorias y sus niveles de oxigenación en sangre cayeron, por lo que se le suministró oxígeno y se decidió que lo más apropiado era trasladarlo al hospital militar de Walter Reed, donde el mandatario recibe un cuidado más extenso y dispone de una zona de trabajo.

La primera dama, Melania Trump, permanece en la Casa Blanca y no muestra complicaciones, después de confirmarse que, al igual que su marido había sido contagiada con la COVID-19, que ha matado a más de 208.000 personas en Estados Unidos.

También existen dudas sobre si Trump mantuvo su agenda de compromisos el jueves pese a haber sido diagnosticado con COVID-19.

En la rueda de prensa de hoy, Conley señaló que han pasado 72 horas desde el diagnóstico, lo que significaría que Trump mantuvo un encuentro con un centenar de donantes en Bedminster (Nueva Jersey) a sabiendas que estaba contagiado.

La Casa Blanca corrigió posteriormente las referencias temporales dadas por Conley y aseguró que se refería al "tercer día" y no a 72 horas.

Conley recordó que tras confirmarse el jueves por la tarde que la cercana asesora de Trump Hope Hicks estaba infectada con el nuevo coronavirus decidieron repetir pruebas para detectar el SARS-CoV-2. El doctor comenzó a detectar entonces "indicaciones clínicas" de COVID-19 y por la noche recibieron confirmación de un test PCR de que el mandatario había sido contagiado.

UN BROTE EN LA CÚPULA DEL PODER

El contagio de Trump, la primera dama y su asesora no es el único que ha afectado a la élite del poder en Estados Unidos y al menos tres senadores han dado positivo por la COVID-19.

Esto ha obligado al líder de la mayoría republicana de la Cámara Alta, el republicano Mitch McConnell, ha retrasar el regreso a las sesiones de trabajo dos semanas hasta el 19 de octubre, lo que pone en serio riesgo la posibilidad de confirmar de manera urgente a la nominada de Trump a jueza del Tribunal Supremo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Precisamente, en la presentación de Amy Coney Barrett, la candidata de Trump, el sábado pasado se reunieron 150 invitados en la rosaleda de la Casa Blanca sin distancia social y estrechando manos y dándose besos.

Al menos, siete personas y tres periodistas que asistieron a ese evento han dado positivo por la COVID-19, entre ellos los senadores republicanos Mike Lee y Thom Tillis, la exasesora presidencial Kellyanne Conway y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

Se da la circunstancia añadida de que tanto Christie y el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, quien también ha sido contagiado de coronavirus, ayudaron a Trump a preparar el debate presidencial del pasado martes contra el rival demócrata Joe Biden, que ha dado negativo.

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Twitter enlazó este martes un mensaje de Trump que descalificaba el voto por correo con información verificada que contradice lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red social pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario.

Washington, 27 de mayo (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles con "regular o cerrar" las redes sociales a las que acusó de "silenciar" las "voces conservadoras", un día después de que Twitter comenzase a verificar el contenido de sus mensajes.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Regularemos con contundencia, o las cerraremos, antes de permitir que esto suceda", afirmó Trump precisamente desde su cuenta de Twitter, su medio favorito de comunicación.

"No podemos dejar que las papeletas de voto por correo a gran escala se instauren en nuestro país. Sería una barra libre para todos para engañar, falsificar y robar las papeletas. Quien mienta más ganaría. De igual modo, las redes sociales. Pórtense bien, AHORA!", subrayó en referencia al tema origen de la controversia.

Twitter enlazó este martes por primera vez un mensaje de Trump que descalificaba el voto por correo con información verificada que contradice lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red social pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario.

Al hacer click en la alerta, la red social redirige a otra página dentro de la plataforma en la cual aparece en letras destacadas en negrita: "Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral" y se cita a medios como CNN y The Washington Post.

La alerta de la red social se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU. tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados.

El presidente reaccionaba así a la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado como medida excepcional ante la situación de pandemia por el COVID-19.

Twitter es la red social más usada por Trump, a través de la cual se comunica directamente con sus simpatizantes sin pasar por el filtro tradicional de los medios, y donde acumula más de ochenta millones de seguidores.

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La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, confirmó este viernes que el mandatario planea usar la política migratoria como un elemento de negociación con los gobernadores que soliciten ayuda federal por el coronavirus. 

Washington,  (EFE News).- En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente Donald Trump ha amenazado con quitar fondos a las "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes y entre las que figuran urbes como Nueva York y Los Ángeles.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, confirmó este viernes que el mandatario planea usar la política migratoria como un elemento de negociación con los gobernadores de los estados que soliciten ayuda federal para paliar los estragos económicos de la pandemia.

"No quiero adelantar nada de las negociaciones, pero sí quiero enfatizar que él (Trump) ha mencionado las ciudades santuario; es un tema muy importante", aseveró McEnany en una rueda de prensa.

A continuación, un periodista preguntó si eso significa que el mandatario está condicionando los fondos federales a un endurecimiento de la política migratoria, a lo que McEnany contestó: "No, no se está condicionando nada, pero estoy diciendo que es un elemento de la negociación que desde luego el presidente mencionará".

Trump sugirió esta semana por primera vez que estaba considerando supeditar la ayuda contra el coronavirus al fin de las políticas "santuario".

En concreto, el miércoles, el presidente afirmó: "No creo que debas tener ciudades santuario si toman esta clase de ayuda. Si vas a tener ciudades y estados que reciben asistencia en los términos que estamos hablando, miles de millones de dólares. No creo que deba de haber ciudades santuario".

Desde que llegó a al poder en 2017, Trump ha emprendido una cruzada contra las jurisdicciones "santuario", unas 200 ciudades y condados de EE.UU. que no destinan recursos a perseguir a inmigrantes y se niegan a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas detenidas.

En reacción a esas políticas, grandes ciudades de EE.UU., en su mayoría gobernadas por la oposición demócrata, se han declarado "santuario" en los últimos años y, además, el estado de California se convirtió en enero de 2018 en el primer del país con esa denominación.

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